¡España lanza un registro único para alquileres de corta estancia a partir del 2 de enero!

El registro único para apartamentos destinados al alquiler de corta duración ya cuenta con una fecha de lanzamiento: entrará en vigor el próximo 2 de enero, aunque su implementación completa se esperará hasta el 1 de julio de 2025. Esta es la previsión del Gobierno, que este año ha aprobado la medida con la expectativa de mejorar el control tanto del arrendamiento temporal, recogido en la Ley de Arrendamientos Urbanos como alternativa al de vivienda habitual, como de los apartamentos turísticos. Esta iniciativa responde a una exigencia de la Unión Europea, aunque se contaba con un plazo que se extendía casi hasta mediados de 2026 para su implementación. El Ministerio de Vivienda había asumido el compromiso de acelerar el calendario, y de hecho, España será el primer país europeo en cumplir con la normativa comunitaria.

El registro se acompaña de una Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Esta es, de facto, la pasarela con la que se comunicarán la Administración y las plataformas donde se anuncian estos pisos. En adelante, cada piso que vaya a arrendarse con un uso distinto de vivienda, y a través de una web o cualquier aplicación digital, tendrá que tener un número de identificación único. Esto permitirá un mejor control de estos inmuebles, a los que habitualmente se acusa de contribuir a la subida de los alquileres. También impedirá que entren en el mercado aquellos que no cuenten con la licencia pertinente o que no se ajusten a lo que dice la ley.

La medida afecta además al alquiler de habitaciones o de embarcaciones de recreo. Es decir, todo aquello que sea susceptible de servir como alojamiento. En el caso del alquiler temporal, tanto el ministerio como muchos actores del sector inmobiliario admiten que este se ha convertido en una manera de burlar algunas de las normas que se aplican al arrendamiento de vivienda temporal. Por ejemplo, los controles de precios en Barcelona. Y por ello con las nuevas reglas figurará también la necesidad de justificar la causalidad de ese contrato, que está pensado para desplazamientos profesionales, pisos de estudiantes o situaciones similares.